MIGRANTES: DERECHOS HUMANOS DE IDA Y VUELTA

Por Rebeca Ramos Rella

En el mundo, 240 millones de personas emigran de sus países –40 millones son indocumentados-. La Organización Internacional para las Migraciones destaca el corredor entre México y Estados Unidos como el más importante del orbe, con un flujo de 9.3 millones de migrantes. México posee características particulares en el fenómeno migratorio global: somos país de origen, tránsito, destino y retorno. Pese a variaciones en cifras oficiales, Amnistía Internacional señala que 9 de cada 10 migrantes indocumentados que cruzan la frontera norte provienen de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador-; la Segob afirma entrada de 150 mil indocumentados al año y organizaciones, la suben a 400 mil. Emigran por pobreza, desempleo, marginación, falta de acceso a educación, salud; por conflictos armados, persecución de pandillas, desastres naturales.

El Banco Mundial apunta razones: Guatemala tiene un índice de pobreza del 60% y tasa de desempleo de 5%; Honduras, del 70% y 11%, respectivamente y en El Salvador, 50% son pobres y desempleados 6%. Cada año entran por la frontera sur –Chiapas- y transitan por nuestro territorio, alrededor de 250 mil centroamericanos en ruta a Estados Unidos. Quienes logran salvar peligros y su vida y asentarse, constituyen una fuente de ingresos a sus países de origen: En 2008, los salvadoreños enviaron 3 mil 804 mdd en remesas; los guatemaltecos, 4 mil 450 mdd y los hondureños 2 mil 820 mdd. Conforme el flujo migratorio aumenta –y la paga a coyotes, de entre mil y 7 mil dólares- igual el negocio que significan secuestros, extorsión, explotación, reclutamiento, tortura, violación, trata, asesinatos por crimen organizado, en contubernio con policías municipales, estatales y federales, agentes migratorios, polleros y demás lacras.

Durante décadas México ha descuidado e ignorado la problemática de la frontera sur, concentrando atención en la norte. Hemos demandado protección, respeto y derechos humanos para los nuestros en Estados Unidos, pero hemos actuado impune e inhumanamente con los migrantes sureños. Doble discurso, doble moral. La cloaca de incompetencia oficial se destapó en agosto del 2010 cuando en San Fernando Tamaulipas fueron hallados 72 cadáveres de migrantes masacrados y siguió destilando pestilencia hasta diciembre con la denuncia de 50 ejecutados más en Chahuites Oaxaca. Tan sólo en 2010 se registraron más de 20 casos deleznables de detenciones, muerte y violaciones a derechos humanos y poca o nula intervención de autoridades para resguardar su integridad. En febrero de este año, en informe, la CNDH remarca que el secuestro viola dignidad personal y los derechos inherentes. Afecta a víctimas, a sus familias y comunidades. “Se trata de un delito que atenta directamente contra el derecho a la seguridad pública. Vulnera los derechos humanos de los migrantes a la libertad, a legalidad, seguridad jurídica, integridad; a seguridad personal e incluso, al derecho a la vida”.

Basándose en 214 casos documentados y testimonios de víctimas, informó que 11 mil 333 inmigrantes centroamericanos fueron secuestrados entre abril y septiembre de 2010. Padecieron extorsión, discriminación, explotación, abuso físico y sexual por criminales. Enlistó a los estados con mayor incidencia de secuestros y vejaciones: Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí. En nuestro estado, las zonas de alto riesgo son: en vías del tren llamado La Bestia, en los puntos de Las Choapas, Agua Dulce, Medias Aguas, Jesús Carranza, Amalgres, Sayula de Alemán, Acayucan, Mundo

Nuevo, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Loma Bonita, Orizaba y Río Blanco.

El Informe externó 28 propuestas para combatir estos ultrajes, destaco algunas: a Segob, coordinar acciones de comunicación interinstitucional e intersectorial, sobre puntos de mayor riesgo de secuestro de migrantes y se les informe de derechos de las víctimas y/o testigos del delito; al Instituto Nacional de Migración, capacitar a sus funcionarios en procedimiento especializado para detectar y atender migrantes víctimas de secuestro, a fin de evitar su revictimización; fortalecer presencia en zonas de riesgo e informar a migrantes sobre derecho a asistencia consular y a denuncia; a la PGR, capacitar a personal sobre integración de averiguaciones previas y coordinar, junto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las procuradurías generales de justicia estatales, el establecimiento y operación de instalaciones especializadas en atención a migrantes víctimas y testigos de secuestro; a la SSP, crear mecanismos de prevención del delito e implementar operativos de seguridad en puntos peligrosos; a las SSP estatales, realizar programas de prevención y atención específica a la población migrante víctima del delito; capacitar a sus funcionarios en detección y atención a migrantes víctimas de secuestro, en no discriminación y derechos humanos; a las PGJ estatales, capacitar personal especializado en  integración de averiguaciones previas en materia de delitos cometidos en perjuicio de migrantes, así como brindar atención jurídica, médica y psicológica a víctima o testigo.

Planteamientos que levantaron ámpula en el INM,  pero que reverberaron más, ante llamados de la ONU y ¿preocupación? del gran violador de derechos humanos de migrantes, Estados Unidos; pulularon reclamos de países centroamericanos y voces ciudadanas: Hechos vergonzosos y consecuencias despreciables, que detonaron la aprobación de la Ley de Migración en la que, por vez primera fueron visibles los migrantes indocumentados del sur. El Senado votó unánimemente por la emisión de visas de visitante y de trabajo, que autorizan hasta por 180 días la estancia en territorio nacional; la Ley erradica el aseguramiento e introduce la presentación, que sólo ejercerá el INM dando tiempo para que el migrante regularice su estancia en el país; establece de 8 a 16 años de prisión para polleros, aumentando la pena hasta en 50% cuando el inculpado sea servidor público y cuando las víctimas sean niños o adolescentes. Así, “el Estado mexicano garantiza vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros”.

Y para afianzar la cuña, los legisladores también aprobaron la Ley de Refugio y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, un enorme referente democrático.

Pero en este país, de voluntades y excelsas oratorias, las leyes viven dormidas en la inefectividad y violación continuas. Secuestros, abusos, muerte y demás vejaciones persisten como evidencias de impunidad, corrupción e infiltración de criminales en cuerpos policiacos y de procuración de justicia, de los tres órdenes de gobierno, que agravan la vulnerabilidad, en el caso de migrantes. Será la coordinación entre federación, estados y municipios, clave para desterrar agresiones, muertos y desaparecidos. En un esfuerzo adicional, la Cámara de Diputados creó la Comisión Especial sobre Migración que será “espacio de discusión y reflexión continuo, sistemático e informado sobre aspectos del fenómeno en ambas fronteras; propondrá medidas legislativas, opinará sobre iniciativas de ley para regularlo y para garantizar seguridad y respeto a derechos humanos de migrantes nacionales y extranjeros”. La interlocución con parlamentarios de EUA y países centroamericanos será determinante. Conocedora del tema, la encabeza la Dip. Beatriz Paredes, garantía de avances.

No obstante, el fenómeno migratorio, sus aristas y repercusiones, van de la mano con la guerra sangrienta intra-cárteles y con el gobierno federal. El secuestro, extorsión, trata son algunas de las 22 actividades ilícitas que desarrollan criminales organizados. La batalla tiene muchos frentes. En sondeo ciudadano el CIDE, reflejó que el 79% de mexicanos favorece imponer controles fronterizos; el 66% apoya la deportación; los inmigrantes peor evaluados son los centroamericanos.

Aplicar leyes, capacitar autoridades, transparentar operativos, sancionar corrupción y sensibilizar a la sociedad, son tareas que se deben reforzar. Los mexicanos exigimos respeto y derechos humanos; debemos garantizarlos de ida y vuelta.

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