NUEVAS REGLAS DEL PODER

Por Rebeca Ramos Rella

Desde que en el 2000 el PRI perdió la Presidencia de la República, la década de la alternancia no cuajó en mejor democracia; evidenció que padecería empantanada en el juego de vencidas entre el Ejecutivo acotado, el Congreso de mayoría opositora y el desmedido poder del Presidencialismo mexicano autoritario, centralista, unipersonal, metaconstitucional resguardado en los gobiernos estatales. La oposición priista le ha cobrado caro a Calderón, haberlo legitimado y él ha roto pactos al impulsar alianzas PAN-PRD que costaron gubernaturas al PRI. La guerra contra el crimen organizado ha desatado violencia, barbarie, miedo, muerte y dolor, regiones sin ley. Acciones sin estrategias consensuadas; descoordinación entre órdenes de gobierno y corporaciones policiacas y judiciales, para vencer a los enemigos de México. La ausencia del robustecimiento de las instituciones del Estado, el debilitamiento del margen de maniobra del Ejecutivo, la supremacía de intereses electorales y de partido en el Congreso federal, la carencia de liderazgo político que aglutine y convenza, el extravío tribal e intransigente de la izquierda, la división interna de la derecha y jaloneos entre grupos internos priistas, demuestran la agonía del sistema y del régimen políticos que no se han transformado ni actualizado a las realidades democráticas, sociales, económicas de un México que está urgiendo un cambio hace más de 10 años; que clama por nuevas reglas de poder, nuevos mecanismos de diálogo y toma de decisiones, nuevas herramientas para fortalecer la ciudadanía, la democracia desde la pluralidad y el acuerdo.

El PAN en la Presidencia, no modificó lo que criticaba y que lo encumbró –el sexenio foxista ejemplifica- simplemente reprodujo vicios y excesos, formas y estilos. Los panistas han tratado de gobernar con las mismas reglas arcaicas o sin reglas conocidas, que tornan disfuncionales, a sistema y régimen políticos; la polarización política ha menguado los márgenes de gobernabilidad. El país ha vivido semiparalizado, sin acuerdos necesarios y bajo creciente apatía y desconfianza ciudadanas con respecto a políticos, partidos, gobiernos y legisladores. No hemos transitado del hiperpresidencialismo en coma, al presidencialismo efectivo, al equilibrio real entre Poderes del Estado, al federalismo auténtico, para levantar al país de sus rezagos y prioridades.

Desde hace casi tres lustros se han debatido propuestas entre fuerzas políticas, líderes, intelectuales, académicos y especialistas sobre la emergencia de un acuerdo nacional para lograr la Reforma Política o Reforma del Estado que permita realizar una reingeniería constitucional acorde a la pluralidad, transparencia y rendición de cuentas vitales para la buena gobernanza y el avance democrático. Una reforma que brinde sustento y norma al gran acuerdo político para también, afianzar crecimiento y desarrollo económico. Quizá al PRI sólo le interesó resucitar el planteamiento reformador cuando vislumbró posibilidades sólidas de regresar a la Presidencia, frente a la incompetencia gubernamental del PAN y al constante enfrentamiento en el Legislativo. Fue en marzo de 2009 cuando el Senador Manlio Fabio Beltrones presentó su propuesta de “Las Ocho Erres” para retomar el tema; en noviembre Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda en ensayo conjunto, luego libro, “Un futuro para México” abundaron para modernizar al Estado, en iniciativa propositiva a la llamada “Generación del No” a dar el “Sí” a las reformas estructurales. Pulularon foros, análisis, debates que alentaron el “Decálogo” del Presidente Calderón, remitido al Senado el 15 de diciembre de ese año, de manera que los legisladores tardaron dos años en darle curso.

Lo ocurrido en el recién estrenado salón de sesiones del Senado de la República este 27 de abril, es un hecho histórico que hemos de apreciar y conocer con justeza, pues se trata de devolverle poder a los ciudadanos esencialmente; algo que partidos, intereses de grupo y electoreros, nos han regateado por décadas. Veamos lo aprobado: Nos dan derecho a iniciar leyes si son presentadas por al menos el 0.25% de la lista nominal de electores; a la consulta popular para resolver sobre temas importantes: será convocada por el Congreso, aunque el 2% de ciudadanos inscritos en el Padrón electoral podremos solicitarla; será organizada por el IFE y la o las preguntas, revisadas por la Corte; será determinante con el 40% de participantes; podremos ser votados mediante candidaturas independientes a todos los puestos de elección popular federales o locales; en el caso de alcaldías, se deja a consideración de Congresos estatales; por fin podremos calibrar, reprobar o premiar la efectividad de legisladores si es que quieren reelegirse –por dos periodos más, en total 9 años, a diputados y uno más, 12 años, a senadores-.

En lo que se denomina Reconducción presupuestal, el Presidente podrá vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero la Cámara podrá rechazarlo; si no se aprobara ni el PEF o la Ley de Ingresos, entrarán en vigor los del año inmediato anterior. También se da oportunidad a la entrada de dos iniciativas del Ejecutivo, de trámite preferente, es decir, de obligada discusión y resolución del Congreso. Si hubiera ausencia del Presidente –mecanismo innovador que no estaba previsto en la Constitución- será sustituido por el secretario de Gobernación y a falta de éste, por el de Hacienda y Crédito Público y si no, por el de Relaciones Exteriores. En caso de que el Presidente no pudiera tomar protesta ante el Congreso, podrá hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra novedad es que el Senado ratificará nombramientos presidenciales de integrantes de órganos de regulación en competencia económica, energía y telecomunicaciones y de embajadores, coroneles y jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

En la revisión, este conjunto de modificaciones significan avances, pero quedan pendientes otras propuestas del PAN, PRI y PRD, igualmente sustanciales que urgen. Excluyeron instaurar la equidad de género en la representación política; la reducción del número de diputados y senadores; la segunda vuelta presidencial; aumento del porcentaje mínimo para que un partido conserve el registro; la supresión de la cláusula de sobrerrepresentación, para construir mayorías y evitar entumecimiento legislativo –el partido con 41% de votos lograría mayoría absoluta de curules-; la revocación de mandato y la moción de censura al gabinete; la ratificación del gabinete por el Senado; el impulso al Plebiscito y al Referéndum; el fomento al trabajo en Comisiones legislativas; revisión del formato del Informe presidencial y mecanismos de control parlamentario; autonomía del Ministerio público; modificación del Juicio político y Fuero constitucional; instaurar el estado de emergencia ¿Cuántos años más para asentarlas?

La posible que no la mejor, reforma política encaminada a entrar en vigor para el proceso electoral del 2012, llegó a la Cámara de Diputados, donde debió debatirse en periodo extraordinario, se estrelló en muralla. Cínicamente los diputados la congelan para “revisarla con detenimiento” dicen priistas. Una vez más y para variar, atascados en letanía de postergaciones por intereses electoreros y facciosos, los ciudadanos tendremos que seguir esperando.

La lectura simple de este retén es la competencia pre-presidencial Beltrones vs Peña; la obvia es falta de consensos internos en el PRI; la irremediable es que no terminamos de dar el salto como país hacia la modernización política que requiere, nos quedamos cortos y medianos; la rescatable es que habrá reglas nuevas para el ejercicio del poder, donde los ciudadanos haremos valer además del voto y nuestra voz, nuestra capacidad de organización y participación. Así que, preparémonos.

rebecaramosrella@gmail.com