MIGRACIÓN: VÍCTIMAS Y VERDUGOS

Por Rebeca Ramos Rella

Desgarra el rostro desolado de una madre apenas hilando palabras, entre el llanto y la sorpresa, al reencontrarse con su hijo, tras seis años de separación y añorar su voz que ya no volvió a escuchar, gracias a brutal paliza obsequiada por racistas estadunidenses, rabiosos e irracionales, quienes en perfecto crimen de odio y sólo por saberlo o parecerlo, migrante indocumentado, moreno, desentendido del inglés y pobre, desfogaron su inhumanidad hasta dejarlo frente a su madre, muerto en vida, para siempre silenciado, ya desconectado de este mundo contradictorio, desigual, injusto. Es la tragedia de una familia mexicana, como las hay de miles que transitan ese horror.

Es la pobreza y marginación, la falta de empleos, la carencia de ingresos suficientes y dignos para vivir o sobrevivir en México, en el campo, en el olvido. En 10 años se ha duplicado la migración de compatriotas a Estados Unidos y ¡Señor Cordero, eso no representa alza en poder adquisitivo en la última década! Es reflejo real de la incapacidad gubernamental y de políticas públicas y leyes efectivas que arraiguen a los paisanos para resguardarlos del terror xenófobo de la sociedad estadunidense conservadora y de grupos políticos que trafican con el nacionalismo exacerbado para granjearse votos. Son los ultraderechistas del Tea Party, los republicanos recelosos de Obama, la doble moral social que insiste en repudiar a los “aliens” o “brownies” y que licencia a los “gringos” para violar derechos humanos y laborales, para denunciar, agredir, golpear, encarcelar, maltratar y matar a personas indefensas, fuerza de trabajo indocumentada, pero necesaria y barata. Es el American Dream de los nuestros, que termina en pesadilla, en asesinato y en impunidad, en estados donde su vida no vale nada.

Arizona referente con su deleznable Ley SB 1070, insiste ahora con otra legislación, la SB 1465, que prohíbe a agencias a aceptar matrículas consulares como forma de identificación válida. Ahora los paisanos deben comprobar residencia legal si requieren licencia de conducir o una ID, contrastando con 30 estados de EUA que aceptan ese documento emitido por nuestros consulados.

Así, otros estados de la Unión Americana  pretenden adoptar o están adoptando leyes racistas y ofensivas a la dignidad humana, al criminalizar a nuestros migrantes, sólo por la sospecha de serlo si lo parecen, es decir por su color de piel. En Alabama, legisladores locales aprobaron la Ley HB 56, llamada Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act, a entrar en vigor el próximo 1 de septiembre. En Tennessee, al sur el gobernador Bill Haslam firmó otra ley que adopta el sistema federal E-Verify que obliga a empresas a reportar el estatus migratorio de sus empleados y en caso de contratar indocumentados, serán castigadas con multas de hasta 2 mil 500 US dlls, aunque en el colmo de la contradicción, también penaliza el tráfico y explotación sexual ilegal de migrantes –mujeres, menores de edad o con alguna discapacidad-. En Utah, se aprobó la Ley HB 497 que permite a policías locales verificar la situación migratoria de cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de delito –anteriormente sólo por delitos graves-. En el seno de la OEA,  14 países latinoamericanos interpusieron demanda de inconstitucionalidad y la entrada en vigor está suspendida por lo pronto, tal como sucede a leyes antiinmigrantes de Florida y Carolina del Sur.

A decisiones soberanas de esos estados pero violatorias de derechos civiles y humanos, se suma la determinación del Supremo Tribunal que respalda a Arizona y a otros, a sancionar a empresarios y negocios que den trabajo a migrantes indocumentados.

Caso especial es el del estado de Georgia con su Ley HB 87 que restringe la matrícula consular como documento de validez de identidad; así la policía podrá exigir documentación a personas detenidas en vía pública y convierte en delincuentes a quienes interactúen cotidianamente con migrantes ilegales, si los transportan, los albergan, les rentan casa o les dan empleo. Criminalizan a unos y a otros.

En el otro extremo, Massachusetts, Illinois y Nueva York y la Ciudad de Los Ángeles, han rechazado aplicar el famoso Programa de Comunidades Seguras que impulsa el gobierno de Obama y que deporta a inmigrantes con antecedentes criminales, ya que se ha comprobado que la mitad de los deportados no habían cometido ningún delito. Y en estos cambios de señales confusos, recientemente el gobierno federal lanzó una campaña para abatir abusos y explotación de los llamados “notarios” que engañan y timan a indocumentados al brindarles supuesta asesoría. Los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y la Comisión Comercial federal buscan “proteger” a los migrantes vulnerables de estos ladrones vendedores de ilusiones. Ni cómo entender tanta jugada cruzada.

La triste realidad es que cada día paisanos, paisanas, familias migrantes son acechados y encarcelados, si no, asesinados a manos de policías o pandillas. En el enredo de leyes racistas, demandas, manifestaciones, abusos e injusticias, claroscuros entre la legalidad e ilegalidad de víctimas y verdugos, la urgencia de una Reforma Migratoria en Estados Unidos es insoslayable e impostergable. Por encima del interés electoral de corto plazo, el gobierno de Obama debe atender al fenómeno migratorio y sus efectos sociales, políticos y económicos con una política de Estado que regule y no criminalice, que reconozca y no agravie, que desenrede la maraña de trasgresiones donde cada estado, gobernante, legislador según partido o doble moral, usa y abusa de la situación de los nuestros para ganar simpatías y votos. En Estados Unidos deben prevalecer también, los derechos universales de 31.7 millones de personas de origen mexicano, la primera minoría étnica y el 65% de hispanos que allá viven, de los que 12 millones son migrantes indocumentados.

rebecaramosrella@gmail.com