NI UNA MUERTA MÁS

Por Rebeca Ramos Rella

El Instituto Nacional de las Mujeres reportó que en México cada 15 segundos una mujer es agredida; a los 9 minutos es violentada sexualmente. En 1 de cada 3 hogares ha existido maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual. Cada día, mueren por violencia 6 mujeres y 40% de esas muertes se dan en el hogar. Las mujeres trabajadoras pierden 1 de cada 5 días laborales por violencia doméstica; 4 de cada 5 de separadas o divorciadas reportaron situaciones de violencia durante su unión. El 85% de agresiones denunciadas quedan impunes. De 57 millones 481 mil mujeres, 1 de cada 5 ha padecido violencia física o sexual. Son Jalisco, Tabasco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Distrito Federal y Guerrero los estados donde se elevan las cifras de violencia contra las mujeres. Y la peor forma es el feminicidio, que según la especialista Marcela Lagarde: “No sólo se trata de la descripción de crímenes que cometen homicidas contra niñas y mujeres, es la construcción social de estos crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad, lo que los configura”. Y va más allá: “El feminicidio es un crimen de Estado, ya que éste no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana”. El feminicidio es sinónimo de control, sujeción, castigo y venganza. Nos permite conocer el nivel de la corrupción humana contra seres humanas absurdamente consideradas inferiores. Es veneno cultural en sociedades arraigadas de misoginia y de machismo. Descubre el problema desde las estructuras de nuestro sistema social y político patriarcal, vertical, masculinizado donde las mujeres somos ciudadanas de segunda, despreciadas y menospreciadas- asesinadas- sólo por ser mujeres.

Este flagelo brutal tiene alcance regional y global: los países más peligrosos para las mujeres son: Afganistán, República Democrática del Congo, Pakistán, India y Somalia; en América Latina, 42% de mujeres son víctimas de violencia física; 60% sufre violencia psicológica; 11% de violencia sexual y 30% padece violencia económica. Los feminicidios se duplican en Guatemala, Honduras y El Salvador. La batalla de las mujeres para que estados y organismos reconocieran su gravedad e injusticia ha sido larga. Así en 1993 en la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos se acordó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y un año más tarde en el seno de la OEA, se adoptó la histórica Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará. Hay protocolos y normas para afrontar la violencia, el feminicidio y la impunidad, sin embargo vencerlo es tarea de la sociedad en conjunto y de los Estados.

En México informa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se han cometido 1 mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados, entre 2009 y junio de 2010. En Veracruz, la PGJE reportó a las Comisiones Especiales del feminicidio, de 1 mil 737 muertes atroces de niñas y mujeres entre 2000 y 2010. Sólo en 2009 hubo 101 casos.  De manera que la realidad de las muertes violentas y evitables de mujeres nos ha alcanzado y es deber de actores políticos, legisladores, líderes sociales, educativos, gremiales y de medios de comunicación, visibilizar a las víctimas y construir herramientas jurídicas que prevengan la violencia, que sancionen y erradiquen y eficienten mecanismos y acciones de atención y protección y reparación de daños a mujeres violentadas.

Es de reconocer  la visión y vocación de equidad y justicia del  Gobernador Javier Duarte que ha roto inercias y ha enviado al Congreso, la Iniciativa de Ley para tipificar los feminicidios como delitos graves, dando repuesta a demandas y realidades violentas que padecen las veracruzanas. Seria, fundamentada y franca, la Exposición de Motivos del decreto del Ejecutivo, reconoce que “el registro de presuntos asesinatos de mujeres que se realiza en nuestro estado, vuelve a mostrar inconsistencias e imprecisiones que se antojan más producto de indiferencia o denegación de su importancia, cuando no de una deliberada intención de las autoridades ministeriales para reducir por la vía burocrática, una realidad dolorosa para las familias que padecen estas traumáticas pérdidas e incómoda para las autoridades”. Así, las modificaciones que impulsa a los Códigos, Penal y de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica de la PGJE, demanda de la procuración e impartición de justicia en Veracruz, reforzar plena garantía al ejercicio efectivo de los derechos de las veracruzanas. Remarca que “la adopción de una norma penal género-específica, se basa en que la violencia contra las mujeres no únicamente afecta la vida, integridad física, psíquica, la libertad sexual, la inviolabilidad del cuerpo femenino, sino que existe un elemento adicional: los feminicidios están basados en la discriminación y subordinación implícita en la violencia contra las mujeres”.

La iniciativa ahonda facultades al Ministerio Público; estipula la integración del Banco Estatal de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, del Banco Estatal de datos genéticos de mujeres y niñas y establece condena de 40 a 70 de cárcel a feminicidas. Los legisladores locales analizan y debaten esta Iniciativa en Comisiones y con representantes de la sociedad civil, pero de nada servirán las modificaciones legales, ni la voluntad política, ni la lucha de organizaciones de mujeres y especialistas, si los operadores de la ley, responsables de prevenir, atender, salvaguardar y proteger a las mujeres de la violencia que sufren, no hacen bien su trabajo, ni manifiestan compromiso, vocación de servicio ni cuentan con conocimientos en perspectiva y violencia de género.

No debimos arribar a la frontera feminicida, si leyes anteriores se cumplieran, si derechos fundamentales se resguardaran sin pretextos. Ahora urge actuar. Una vez aprobadas y promulgadas estas reformas para tipificar al feminicidio, las veracruzanas debemos vigilar y exigir que se cumplan a la letra y en la calle, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en el espacio público y privado. Reclamar honestidad, ética, eficacia y nueva cultura de perspectiva de género, al aparato de justicia que hoy, en tres niveles de gobierno, genera desconfianza ciudadana en todo el país, por su incompetencia y omisión. Debemos combatir la impunidad y corrupción, al igual que al machismo y misoginia. Esta es la otra parte de la lucha.

La ciudadanía organizada y la representación popular, tenemos el deber y la responsabilidad social y política de verificar el cumplimiento de las leyes y denunciar opacidades, impunidad, corrupción y transgresiones a víctimas. Lo logrado es un gran paso; hay que seguir alertas. Debemos rechazar el odio a las mujeres, por serlo. En Veracruz ¡Ni una muerta más!

rebecaramosrella@gmail.com