UNAM: SEGURIDAD Y JUSTICIA EN DEMOCRACIA

Por Rebeca Ramos Rella

Dicta el sentido común, que para resolver un problema, primero hay que reconocerlo como tal; hay que analizar objetivamente sus orígenes, su desarrollo, sus saldos y consecuencias; hay que prever escenarios de solución y reacciones y, hay que actuar. De la inseguridad y violencia, miedo, muerte y amenazas, todos tenemos una opinión, propuestas, anécdotas. En la pluralidad, entonces es necesario hallar coincidencias. Desde los espectros ideológicos, conocimiento, investigación y experiencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, se convocó a la Conferencia Internacional para integrar una “Propuesta para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, en junio pasado, que integró 18 mesas de trabajo con especialistas nacionales y de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Uruguay y Venezuela. La UNAM ha puesto su grano de arena en el debate nacional incesante mediante un importante documento propositivo, bien sustentado y producto del intercambio entre académicos, expertos y servidores públicos involucrados en las temáticas; realidades que vivimos y, que contribuye, en  36 líneas de acción, más valiosas pues nacen  vacunadas contra partidismos, oficialismos y manipulaciones electoreras, que los ciudadanos debemos conocer a fondo.

Vale revisar concienzudamente diagnósticos y mensajes del Rector José Narro durante el proceso de la elaboración de esta aportación: “La inseguridad pública y los problemas de la aplicación de la justicia en México, tienen mucho que ver con la desigualdad social que padecemos, con carencia de políticas públicas efectivas para abatirla y con insuficiencia de nuestros logros educativos”- la educación accesible y de calidad es una solución-. “A México le urge construir un verdadero Estado de Derecho. El país parece estar funcionando más a partir de intercambios personales con ventajas recíprocas, que de la vigencia de las leyes”-crítica al hipepresidencialismo caduco y a intereses de grupo o partidistas-. “México requiere que la pluralidad que lo constituye, encuentre formas democráticas para expresarse…que se escuchen voces críticas propositivas” –urgencia a la tolerancia y a la reforma política que devuelva el mandato a los ciudadanos-“...requiere de cambios que le permitan avanzar hacia el progreso con equidad, con certeza en el futuro, con capacidades para competir en un mundo globalizado, con una democracia fortalecida. Tenemos que romper ataduras y dependencias que bloquean las potencialidades nacionales” –convoca a impulsar vitales reformas al régimen y al sistema, políticos; diversificación económica, más liberalismo-. Y afirma sobre los principales afectados: “La juventud no merece ser parte de un problema que no generó y tampoco merece ser criminalizada… hoy no cuentan con suficientes opciones. Y cuando no tienen posibilidades educativas, trabajos dignos, viviendas independientes ni opciones recreativas, se vuelven presa fácil del crimen organizado”. “…sin el uso de la fuerza pública el problema no se va a resolver, pero el sólo uso de la misma, lo empeorará. Debemos seguir múltiples rutas: la financiera, la de la droga, la jurídica, la de las armas, la multinacional”-plantea nuevos frentes de combate además del estrictamente militar y policial-.

Comparto para análisis, una síntesis de la Propuesta, el “Manos a la obra”:

1. Celebrar un pacto político y social de base amplia, para reorientar a instituciones de seguridad y justicia. 2. Generar  consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en prevención del delito, abatimiento de impunidad, reducción del número de muertes y de lesionados, preservación de la integridad de las personas y defensa de sus derechos humanos. 3. Diagnóstico, transparente, participativo e incluyente que defina el problema, la ruta y evaluación periódica. 4. Conducir la agenda de prevención al centro de la política de seguridad, comenzando por los jóvenes.5. Diseñar un programa de política social, que favorezca la enseñanza y el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas y a terceros. 6. Establecer programas multidimensionales que reconozcan heterogeneidad de los jóvenes, que contemplen espacios y foros, los vinculen con el desarrollo de su comunidad, como instancias de contacto para la atender inquietudes y para brindarles orientación. 7. Generar programas para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, becas e insumos que los preparen para su vida laboral. 8. Rediseñar las políticas de empleo para efectiva inserción laboral de los jóvenes. 9. Generar políticas integrales que fomenten la estabilidad en el empleo y la capacitación real y efectiva de trabajadores.10. Generar un Subsistema Nacional de Distribución y Comercialización Juvenil que propicie desarrollo de una cultura emprendedora y operación de empresas juveniles y sociales.

11. Establecer una Defensoría de la Juventud. 12. Ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional mediante la integración de ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Auditoría Civil de las Policías. 13. Establecer un registro nacional de víctimas y fortalecer los mecanismos de reparación del daño para sus familiares, generando una legislación específica. 14. Transformar a los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación y sus análogos en entidades federativas y Distrito Federal, en verdaderos órganos constitucionales autónomos y responsables para fortalecer la lucha contra corrupción, impunidad y rendición de cuentas. 15. Diseñar un plan para el regreso de las fuerzas armadas a las funciones que le son naturales tan pronto como sea posible. 16. Generar en las instituciones de policía y procuración de justicia políticas de reclutamiento, formación y promoción multidisciplinarias, condiciones laborales adecuadas y sistemas de supervisión, evaluación, indicadores del desempeño y rendición de cuentas.

17. Favorecer la reinserción social de la figura del policía, propiciando su acercamiento con los ciudadanos. 18. Emprender una evaluación del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejos locales, a cargo de una instancia externa e independiente, que fomente profesionalización de funcionarios del poder judicial. 19. Persecución del delito de lavado de dinero en sinergia con cuerpos de inteligencia civil.  20. Medir y publicar la efectividad de las acciones del Estado para erradicar lavado de dinero. 21. Insertar a instituciones de inteligencia en una legislación que establezca los fines de los servicios y las herramientas de su responsabilidad política y jurídica, así como su operación local, regional y nacional. 22. Llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales. Contemplar la prisión preventiva, no sólo el “arraigo”. 23. Realizar un diagnóstico objetivo, imparcial e integral del sistema carcelario mexicano. 24. Ver a la prisión como un último recurso, únicamente para delitos violentos y sólo con fines de protección social, readaptación y reinserción. 25. Despenalizar aquellas conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad. 26. Transformar los ministerios públicos en verdaderos órganos constitucionales autónomos, eficaces y ágiles, creación de los Consejos del ministerio público y de la policía de investigación, carrera ministerial, autonomía presupuestal y la técnica de fiscales.

27. Convocatoria a una Cumbre Internacional para valorar el problema de migrantes y narcotráfico, drogas, lavado de dinero y trata de personas. 28. Convertir a los institutos de acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos con facultades legales suficientes para que cumplan sus fines. 29. Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 30. La variedad y la gravedad de la violencia contra las mujeres exige respuestas integrales, en el espacio doméstico, comunidad y la que ejerce el Estado. 31. Promover la creación de un sistema nacional de vinculación para la investigación y el desarrollo en materia de seguridad y justicia. 32. Proponer un mecanismo de colaboración entre la ANUIES y la SEP federal y estatales, para promover contenidos educativos y mecanismos participativos de estudiantes. 33. Poner en marcha en la UNAM un programa piloto especializado en áreas de seguridad y justicia, con gobiernos y comunidades. 34. Crear en la UNAM el Programa Universitario de los Derechos Humanos, que incluya las áreas de seguridad y justicia. 35. Impulsar en la UNAM la discusión sobre la política referente a drogas en México. 36. Crear en el Museo de las Constituciones, un programa sobre el conocimiento de las Constituciones Mexicanas, basado en el fortalecimiento de valores éticos laicos como tolerancia, patriotismo, comportamiento cívico, solidaridad, Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

Entregada la propuesta al Gobierno federal, el Presidente externó coincidencias en 10 puntos: generación de oportunidades para jóvenes; obligación del Estado para combatir a criminales; mermar poder financiero al crimen organizado; impulsar el sistema de justicia penal oral; integrar  consensos de la estrategia; sobre el consumo de drogas, apoyo a la UNAM para que conduzca debates; el fortalecimiento del consenso en materia de seguridad; tratamiento de adicciones y combate a la corrupción en niveles de gobierno. Un avance. Además, el Rector Narro, convenció a 26 organizaciones civiles y a las más activas: “Alto al Secuestro” de Isabel Miranda, “Causa Común” de María Elena Morera y al “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” de Javier Sicilia, a enriquecerla.

La credibilidad institucional de la UNAM abre esperanzas y contribuye. El origen plural y el espíritu de servicio legitiman la validez y la consideración que debe motivar este esfuerzo colectivo e interdisciplinario. Pero los ciudadanos estamos cansados de planteamientos diversos que llaman al gran pacto y unidad nacional y pasado el tiempo, vemos carencia de compromiso real y de efectividad en resultados. Hemos sido testigos de infinidad de reuniones colectivas inter institucionales y ciudadanas, donde se habla mucho, se propone y se acuerda, pero en los hechos, se priorizan intereses políticos  y las acciones necesarias, quedan cortas o menguadas por cuestiones electorales.

El ejercicio democrático debe generar consensos, no anárquica y caótica ola de propuestas que no aterrizan, ni solucionan, pero sí dividen. La UNAM invita a debatir sobre una ruta crítica alejada de sesgos políticos. Ojalá y esta vez, el Acuerdo Nacional que invoca, redefina rumbo  y se transforme en nuevas estrategias, reformas y políticas de Estado, que pueden ser más efectivas, si surgen del consentimiento mayoritario, hasta unánime. Ya la voz sensata y honorable del Rector Narro sentenció: “la solución de fondo reclama de la intervención de todos…el tránsito será difícil”.

rebecaramosrella@gmail.com