DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
Por Rebeca Ramos Rella
Irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, son libertades, facultades, reivindicaciones de bienes primarios o básicos, hacia una vida digna de toda persona, por el sólo hecho de su condición humana. Los derechos humanos son universales y garantizan igualdad. Integran a una persona con la sociedad que demanda del Estado, apego y respeto a la ley en el ejercicio efectivo de esos derechos que protegen su integridad.
Tan amplios para un fundamento absoluto, que abarcan derechos políticos, civiles, sociales, económicos, ambientales, se enmarcan en una serie de deberes fundamentales, que implican desde códigos de conducta moral hasta límites a poderes públicos y al mercado. Desde 1948, se agrupan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como reglamentación ética de las relaciones globales traducida en tratados internacionales y contenidos en legislaciones nacionales. A este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos persiste reclamo de su constante violación. Cada día, en todo rincón del orbe, los derechos humanos de millones son transgredidos de diversas formas. Donde hay pobreza, desnutrición, hambre, inequidad, desigualdad, discriminación por raza, género, religión, ideología política, preferencia sexual, racismo, tortura, inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, injusticia, ilegalidad, subdesarrollo humano, indignidad en calidad de vida y en acceso a servicios básicos. La cuestión violatoria trasciende declaración, códigos, convenios y legislaciones. Los derechos humanos pasan de la letra a la vida sólo garantizando su respeto, aplicación y efectividad en la práctica y esa responsabilidad corresponde al Estado, en coordinación con sociedad organizada y con el órgano ciudadano y autónomo competente dotado de facultades constitucionales para resguardarlos y hacerlos valer.
Satisface que la batalla personal contra secuestradores y homicidas confesos, se gane con el tesón, recursos y valentía de Isabel Miranda de Wallace, merecedora incuestionable del Premio Nacional en la materia; pero en la reflexión, su gran victoria es la derrota vergonzosa del gobierno e instituciones que en corresponsabilidad con organismos ciudadanos y afectados directos, debiera pero no pudo, contra los enemigos de la vida, la paz y la seguridad, derechos humanos fundamentales, que hoy insisten en sembrar dolor y muerte en 982 regiones del país donde el Estado no existe.
Congratula que por unanimidad, la Cámara de Diputados federal haya aprobado reformas a 11 artículos constitucionales para ampliar facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos: se modifica el capítulo uno Título Primero de la Constitución y queda " De los derechos humanos y sus garantías"; realizará investigaciones, desarrollo y procedimiento, a violaciones graves y decidirá por voto de las dos terceras partes del Consejo Consultivo; ninguna autoridad podrá negarle información en el proceso; obligará a servidores públicos a explicar públicamente su negativa a recomendaciones y podrán ser requeridos a comparecer ante el Senado, Legislaturas locales o Comisión Permanente; investigará casos de violación a derechos laborales; brinda rango constitucional a tratados internacionales en derechos humanos e interpondrá controversias contra aquellos que los limiten; prohíbe discriminación por preferencia sexual o estado civil, pena de muerte, esclavitud y servidumbre, desaparición forzada y tortura; limita la facultad del Ejecutivo para expulsar del país a extranjeros, previa audiencia; adiciona como principio de política exterior, la promoción y protección de los derechos humanos; establece la elección del titular de la CNDH e integrantes del Consejo Consultivo, mediante consulta pública transparente, sepultando sospechas de dedazos de gobernantes e intereses partidistas.
Reformas históricas, evolutivas, vigorosas, producto de consensos con ONG's que contrastan con el olvido de legisladores para aprobar más recursos en 2011, para que programas asistenciales como Oportunidades, brinquen contención mediocre de pobreza extrema de 20 millones de mexicanos y la erradiquen. Lacera que la propia Sedesol reconozca que con mil pesos nadie sobrevive -vencer el hambre de una familia requiere de 3 mil 500 pesos mensuales y de la miseria, 10 mil-. Ahí los poderes públicos violan, desde su miopía institucional, el derecho fundamental a la alimentación.
Se destaca que en el proceso perfectible de nuestra vida democrática, instituciones como la CNDH y las Comisiones estatales, se modernicen en su funcionalidad y operatividad, en su fortaleza normativa y sancionadora, gracias a estas reformas constitucionales. Pero la garantía de su efectividad institucional requiere que gobiernos, partidos y legisladores permitan la autonomía necesaria, la ciudadanización y el perfil idóneo de los integrantes de sus órganos, para que los derechos humanos sean salvaguardados desde la propia Comisión, en colaboración preventiva con autoridades. La política debe sujetarse a la ley, no al revés. La protección y garantía del respeto y ejercicio de los derechos humanos no deben ser moneda de cambio entre grupos, partidos y compromisos políticos. Deben ser referentes de buena gobernanza, de refuerzo del Estado de derecho y de la más alta responsabilidad institucional.
En Veracruz, como en el resto del país, el resguardo de los derechos humanos debe ser asunto prioritario frente a desigualdades, discriminación, explotación de mujeres y niños, violencia intrafamiliar, feminicidios, pobreza, hambre, injusticias laborales, inseguridad, impunidad. Los veracruzanos esperamos que en ruta de renovación de la CEDH, el proceso de integración no se politice, ni se erija en aberración antidemocrática violatoria de los mismos derechos que debe garantizar para todos. Debe ser transparente, democrático, legal, parejo en oportunidades a verdaderos especialistas, reconocidos y capacitados en derechos humanos, donde prevalezca la claridad nítida del ejercicio de la ley, la imparcialidad, el talento y la vocación.
La legitimidad de la CEDH partirá desde el origen de su conformación, que a su vez dará legitimidad a la decisión del Congreso y gobierno locales, para fortalecer confianza social en una institución vital para avanzar en la construcción de ciudadanía y democracia, igualdad ante la ley, aspiraciones aún de millones de veracruzanos.
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