MÉXICO EN EL DILEMA

Por Rebeca Ramos Rella

Mientras la humanidad aspira a lograr la paz, somos los humanos quienes hacemos la guerra.  Y en ese extravío resuena la voz de Gandhi: “no hay camino para la paz, la paz es el camino”. En tiempos violentos, desde Ciudad Juárez, pasando por San Fernando y Monterrey; por Acapulco y de ahí a Guatemala; atravesando océanos y mares hasta Libia, Siria; sin ignorar a África y subiendo hasta los territorios ocupados entre Israel y Palestina, nada se añora tanto como el respeto, la estabilidad, el bienestar y convivencia civilizada que procura la paz –la no violencia-.

En su quinta edición, el Índice de Paz Global 2011 –en inglés Global Peace Index, GPI- publicado por el Instituto para la Economía y la Paz  de Australia – que agrupa a selectos académicos, empresarios, filántropos y miembros de ONG´S pacifistas de todo el mundo, que investigan la relación entre desarrollo económico, negocios y empresas y su influencia en la paz-, arrojó datos muy interesantes sobre la situación de conflicto, seguridad y militarismo, enmarcando en el tope, a actos terroristas y manifestaciones violentas en 153 países del orbe.

Sostiene como efecto de la crisis financiera internacional de 2008, el incremento sustancial en presupuestos militares.

El estudio del GPI se basó en 23 indicadores internos y externos, acorde al análisis de expertos y fuentes confiables en los 153 países. Los comparto:

Percepción de la criminalidad en la sociedad

Número de oficiales y policías de seguridad interna por cada 100 mil habitantes

Número de homicidios por cada 100 mil hab.

Población en cárceles y penales por cada 100 mil hab.

Acceso libre a armas ligeras o menores

Nivel de conflicto organizado

Manifestaciones violentas

Nivel de crímenes violentos

Inestabilidad política

Nivel de falta de respeto a derechos humanos

Volumen de importaciones de armas convencionales por cada 100 mil hab.

Potencial para actos de terrorismo

Número de muertes por conflictos organizados

Expansión militar

Número de personal armado por cada 100 mil hab.

Fondos de Naciones Unidas en misiones de paz

Número agregado de armas pesadas por cada 100 mil hab.

Volumen de exportaciones de armas convencionales por cada 100 mil hab.

Capacidad militar

Número de personas desplazadas en contraste a porcentaje de población

Relaciones con países vecinos

Número de conflictos peleados, internos y externos

Número de muertes estimadas por conflictos organizados

El análisis también comprende 33 indicadores socioeconómicos: índice de democracia política; procesos electorales, funcionamiento de gobierno; participación política; cultura política; libertades civiles; percepción de corrupción; porcentaje de mujeres parlamentarias; libertad de prensa; exportaciones e importaciones; inversión extranjera directa; número de visitantes locales; porcentaje de migración comparada con población; población de hombres de 15-34 años; diámetro de población por género; desigualdad de género; extensión de integración regional; gasto en educación; educación primaria; educación secundaria; educación media y superior; escolaridad promedio; alfabetismo; hostilidad a extranjeros; importancia religiosa en la vida nacional; tendencia a conflictos o violencia social; PIB per cápita y PIB nominal; coeficiente de GINI; desempleo; expectativa de vida; mortalidad infantil por cada un mil nacimientos.

Según la medición cualitativa y cuantitativa del total de indicadores, el top ten de la Paz Mundial lo ostentan: Islandia, Nueva Zelanda, Japón, Dinamarca, República Checa, Austria, Finlandia, Canadá, Noruega y Eslovenia. De entre los primeros 31, con nivel excelente, sobresalen sólo dos naciones latinoamericanas: Uruguay en el lugar 21 y Costa Rica en el 31. Los reprobados van del 123 al 153, son: Bahréin, Venezuela, Guatemala, Sri Lanka, Turquía, Costa de Marfil, Argelia, Mauritania, Etiopía, Burundi, Myanmar, Georgia, India, Filipinas, Líbano, Yemen, Colombia, Zimbawe, Chad, Nigeria, Libia, República Centro Africana, Israel, Pakistán, Rusia, República Democrática del Congo, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Irak y Somalia. En este rango visiblemente se aprecian a los países árabes protagonistas de revoluciones recientes.

La región más pacífica es Europa Occidental. Sobresalen cuatro naciones nórdicas a razón de altos niveles de seguridad pública, armonía social, libres de conflictos civiles. Islandia corona la paz a causa del descenso en capacidad militar y bajo presupuesto militar. Siguen Dinamarca, Austria, Finlandia y Noruega. Los peores en promedio son: Italia, Grecia y Chipre. Francia y Reino Unido perdieron su lugar por haber ascendido en sofisticación de capacidades militares; por sustancial incremento de exportaciones de armas –a países árabes y a Israel, por supuesto-; por su involucramiento en conflictos externos –Guerra contra Libia, por ejemplo- y  por un ascenso interno en homicidios. De igual forma, en el GPI de 2010, Omán, Chile, Costa Rica y España bajaron rangos. En Norteamérica, la segunda región más pacífica, el puntero es Canadá, seguido de Estados Unidos, aunque en el ranking total, nuestro vecino está en lugar 82, sólo dos debajo de China, seguido de Bangladesh, Serbia, Perú, Camerún y Angola. Estados Unidos deterioró su GPI a causa de alza de niveles de militarización, acceso a armas ligeras, población encarcelada y por participación en conflictos externos –Libia, Irak, Afganistán y narcoguerra en México-.

En promedio, Europa Central y del Este permaneció en tercer escaño regional. Altos: República Checa, Eslovenia, Hungría, Polonia; los bajos Turquía, Georgia y Rusia. En cuarto, la región Asia-Pacífico: tras Nueva Zelanda, van Japón, Australia, Malasia, Singapur, Taiwán y Vietnam; violentos quedan Pakistán, Corea del Norte y Afganistán.

En quinto lugar regional está América Latina. El informe remarca el deterioro de Guatemala y México. Nuestro país dio el resbalón por el incremento del número de muertes por la guerra contra el crimen organizado, indicador que nos posiciona en este rubro, como el primero en el mundo, con más de 40 mil decesos violentos. Es triste, lamentable, desolador que México, habiendo sido modelo pacifista, válido interlocutor y mediador en conflictos internacionales, debido a la violencia desfogada por cárteles, se encuentre en el ranking global en lugar 121 y en el 20 de 23 regional, en zona naranja según el mapa del GPI, al lado y en el mismo nivel de violencia que Papúa Nueva Guinea, Nepal, Liberia, Uganda, Congo, Ruanda, Mali, Arabia Saudita, El Salvador, Tajikistán, Eritrea, Madagascar, Jamaica, Tailandia, Turkmenistán, Armenia, Uzbekistán, Kenia, Bielorrusia, Haití, Kirguistán, Camboya, Siria, Honduras, Irán, Nigeria y Azerbaiján.

Preocupa que países hermanos como El Salvador, Honduras y más cercana, Guatemala, con quien compartimos poco más de 700 kms de frontera común, esté posicionada en foco rojo -123 de ranking global- a sólo dos lugares más que nosotros, a causa del recrudecimiento de acciones del crimen organizado y según los expertos del GPI, por “limitaciones de un gobierno relativamente débil”.

No debe ser consuelo que sólo por debajo de nosotros esté situado el Norte de África y Medio Oriente y la zona de África Subsahariana, donde muerte y sangre son parte de la cotidianeidad y la lucha de estos días.

Afuera el mundo nos observa. Hay análisis profesional. Quizá por esa percepción, el Presidente Obama decidió enviar a México como nuevo Embajador, al Señor Anthony Wayne. Llega un especialista en inteligencia militar que ha combatido a talibanes; ahora lo hará contra narcos cruentos y políticos corruptos salpicados de corrupción e impunidad.

El GPI sustenta su análisis en profunda investigación y concluye que una sociedad pacífica se caracteriza por bajos niveles de conflicto interno, por gobiernos eficientes y transparentes que rinden cuentas; con economías fuertes, poblaciones integradas y buenas relaciones dentro de la comunidad internacional. Habría que consultar las políticas públicas, las decisiones, los acuerdos que en países de alto nivel de paz han sido exitosos para ascender peldaños. Pero es la guerra contra el crimen organizado y sus secuelas, las que hieren nuestra tradición pacifista, nuestra vida en paz. Sin omitir que pobreza, desempleo, desigualdad social y de género, ineficacia institucional, corrupción, impunidad, ilegalidad, injusticia, discriminación, bajo acceso a educación, salud y servicios básicos, son nidos de violencia. La lista es larga.

Lo cierto es que en casos excepcionales y conocidos, la historia de la humanidad se ha escrito paradójicamente, justificando la guerra y el uso de la violencia, como últimos recursos para implantar y garantizar la paz. En México, este es el dilema.

rebecaramosrella@gmail.com

ENTRE EL ODIO Y LA ESPERANZA

Por Rebeca Ramos Rella

La fortaleza de movimientos populares espontáneos; sociedades civiles levantadas contra sus gobiernos –ecos en España y Francia-; la caída de tiranos en Túnez y Egipto y la decapitación de Al Qaeda; la guerra multinacional contra Muamar Gaddafi en Libia; miles de manifestantes masacrados por los gobiernos dictatoriales y represores de Bahréin, Siria y Yemen; la lluvia de críticas a EUA por postura ambigua, tardía, contradictoria y diferenciada -garrote para unos y elusión para otros-; la preocupación de Israel, rodeado por revueltas ; el renovado liderazgo –el temor respetuoso- y popularidad que le ganó a Obama el asesinato de Bin Laden y la anticipación de tiempos hacia la reelección, han obligado a la Casa Blanca a replantear  la política exterior estadunidense en Medio Oriente y el Norte de África, región que representa interés geoestratético económico y militar para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Obama en reciente discurso por fin calló a sus detractores y malquerientes: delineó –con “sentido de humildad” para que le creyeran buena intención- una novedosa postura hacia la región, sustentada en derechos universales: libertad de expresión; de manifestación, de elección de gobernantes y de religión; igualdad entre hombres y mujeres –reconocer el potencial femenino, promover su empoderamiento y plenos derechos-. Lanzó sugerencia a sus aliados: en Yemen, dejar el mando y celebrar elecciones y en Bahréin, dialogar con oponentes. Disparó advertencias a Al Assad en Siria: o abandera la transición política o se quita de en medio; le indicó parar matanzas y arrestos, liberar presos políticos, respetar derechos humanos e iniciar diálogo; a Irán lo acusó de hipócrita por respaldar protestas fuera y reprimirlas dentro; para Libia, dio reconocimiento al Consejo Interino opositor a Gaddafi. A todos les dejó claro que EUA estará atento de los procesos. Si hay reformas, habrá apoyo político y también financiero. Para Egipto y Túnez, fondos multimillonarios del FMI, Banco Mundial y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, para su estabilización y modernización. Hasta prometió una Iniciativa de asociación comercial y de inversiones con la región, en ruta de un Acuerdo entre EUA, Europa y los países árabes que adopten el libre mercado, se alejen de privilegios por sectas o clanes y corrupción y fomenten transparencia y rendición de cuentas.

El estadista pinta la oportunidad para reconfigurar el mapa político de Medio Oriente y el Norte de África y balancear la correlación de fuerzas en una región históricamente conflictiva, desigual y dividida. Les propuso lograr que las transformaciones democráticas asienten próspera relación económica con Occidente. Obama ofreció un futuro a estos pueblos sometidos y saqueados por décadas a cambio de volverlos aliados de EUA y serlo o parecerlo, de Israel.

Brillante orador, gustoso de iniciar con la retrospectiva de los temas, apeló al contexto humanista, removió emociones y sorprendió al Primer Ministro Netanyahu, que enfureció en pleno vuelo a Washington. Encarrerado Obama plantó sus cartas de negociación para que el eterno enfrentamiento con Palestina, por fin se resuelva. Condicionó la paz a que ambas partes aflojen posiciones en justa paridad. Le pidió a Israel devolver los territorios ocupados desde 1967 durante la Guerra de los Seis Días –el este de Jerusalén, Cisjordania y la franja de Gaza-; suspender la construcción de asentamientos y repatriar a palestinos refugiados. A Palestina, le concedió derecho a ser un Estado soberano, con fronteras propias, con libre autodeterminación y no militarizado y convencer al movimiento islamista Hamas de reconocer  y respetar a Israel. Pero Don Benjamín y Obama malhumorados, no acordaron nada. Habrá juego de vencidas.

No obstante, la historia se escribe diario. Allá nace un nuevo orden regional que están decidiendo las naciones de esos países, sin “ayuda” de nadie y cuyo éxito sólo será posible si Israel y Palestina firman la paz y aprenden a coexistir. Como magnífico general, el Presidente Obama está tomando el mando de las protestas con su mensaje de libertades, acompañadas de dispensa de deudas y alacena de recursos y nuevas fronteras seguras. Buena bolsa para negociaciones.

Está en campaña y quiere quedarse 4 años más. Quiere que el mundo sepa que igual ordena atacar, que pactar; matar, que salvar; quiere que sepamos que está la voluntad, entre el odio y la esperanza; está el apoyo, el reconocimiento, la alianza, la aportación, el pago y la protección. Está Estados Unidos.

rebecaramosrella@gmail.com

PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE

Por Rebeca Ramos Rella

La participación ciudadana es ingrediente sustancial de un sistema democrático. La organización, movilización y contribución de los ciudadanos en la toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas, en la reorientación de acciones de gobierno es vital e indispensable, para que la gobernabilidad democrática se asiente en la legitimidad, en el reconocimiento a la pluralidad y en el ejercicio de la tolerancia. Se entiende que en un sistema político donde los ciudadanos eligen libremente a sus representantes populares –legisladores- y autoridades –gobernantes-, éstos tienen la responsabilidad constitucional, social y política de abanderar y defender los intereses prioritarios de sus representados y gobernados.  No deben jamás ignorar u olvidar que se deben al mandato de quienes los eligieron y de los compromisos que contrajeron para ganar el voto, la confianza y el respaldo social. Tampoco soslayar el ejercicio de su derecho –constitucional y humano- de libre expresión y manifestación. Deben ser escuchados y considerados planteamientos y demandas. La opción de cerrazón gubernamental a éstos, es muestra de intransigencia, autoritarismo, despotismo y la parte ciudadana se tropieza en mismos extremos, si se atrinchera inflexible en sus posturas. Es en la mesa de diálogo y negociación, en el intercambio de ideas y visiones, donde los acuerdos entre ciudadanos y representantes y autoridades, se tornan acciones y compromisos, con tiempos y alcances para resolver.

La reciente Marcha por la Paz, es un referente extraordinario de la capacidad de convocatoria y de participación ciudadana. Paz y seguridad y un desgarrador  ¡Ya basta! de violencia, sangre, muerte, miedo fueron la esencia del clamor colectivo. Cierto, los mexicanos estamos extenuados de temer e iracundos de dolor; hartos y enojados de ver, leer, saber y padecer –“estamos sufriendo” dijo Calderón, aparentemente vencido, al Papa, en tono de desesperación e impotencia que atemorizó más ¿El Presidente no sabe qué hacer? ¿Apela al arquitecto universal? Estamos amolados- y cansados de vivir a medias por pérdidas, abusos y agravios, crueldades e injusticias, que la guerra, mal llamada “del Presidente”, contra el crimen organizado ha generado.  El combate entre el Estado Mexicano y sus enemigos se libra en el frente específicamente militar y policial, pero, ante ausencia de consensos y omisiones estatales y municipales en corresponsabilidad institucional hacia una política de Estado en seguridad y vastas críticas -politizadas y electoreras o bien intencionadas y responsablemente analizadas- a estrategias, tácticas y acciones del gobierno federal, esta narcoguerra también se debate en los entornos social, político, ideológico, mediático, religioso, académico, diplomático y multilateral. De forma que los esfuerzos parecen inefectivos y dispersos; las muertes civiles y de combatientes, más lacerantes; hay confusión, desconsuelo, rabia, señalamiento de culpas. El gobierno federal a pocos convence –con algunas reservas, sólo a la Casa Blanca- y menos, cuando hay duelo y furia, terror y sentimiento de indefensión social de por medio.

Solidaridad y respeto a quienes han sido indescriptiblemente lastimados y lideraron la expresión multitudinaria, pero el genuino deseo pacifista, se contaminó de intereses partidistas, de ideologías y propaganda manipuladoras. Objetivamente sin defender ni descalificar, reflexiono: los marchistas fueron rehenes de quienes aprovecharon su participación espontánea y válida en sus reclamos dignos y respetables, para denostar al ejército, a la marina, al gobierno federal, al Presidente y a opositores según colores, con arengas sobredimensionadas, prostituidos los significados de palabras utilizadas y extremistas en su contenido -“Muera Calderón” es un ejemplo-. Pretender reducir el alarido social contra la violencia, a la renuncia de un alto funcionario, a una muerte lamentable, cuando hay más de 40 mil fallecidos, inocentes y militares, es quedarse cortos; condenar y sentenciar al gobierno y no a narcos y criminales miserables, es absurdo y es una equivocación; si no existe el mando único ni policía especializada –legisladores no han hecho su trabajo para crearlos- ni voluntad y responsabilidad políticas en coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, demandar sacar al ejército de esta guerra, es ridículo y mucho más peligroso para todos, para el Estado de derecho y para la soberanía nacional -¿O prefieren a criminales “gobernando” o “ser salvados” por marines, CIA, FBI, DEA o los Seals que mataron a Bin Laden, en aras de la defensa y seguridad nacional extranjera?-.  Es irresponsable y riesgoso usar frases hechas y pegajosas, sin explicarlas al conglomerado participante ni desglosarlas a los medios que las difunden -¿Cómo ganarles a criminales cruentos con seguridad ciudadana?-; llamar al no voto es resistencia civil, pero delimitar la corrupción a gobiernos y políticos es omitirla en ciudadanos –Transparencia Mexicana ilustra: En 10.3 de cada 100 ocasiones en que se realizó un trámite o accedió a un servicio público, los hogares pagaron “mordida”; reportaron más de 200 millones de actos de corrupción en

trámites y servicios. En 2010 el costo económico de esta forma de corrupción superó los 32 mil

millones de pesos. Pelear contra la corrupción empieza por casa, es un acto individual y cotidiano.

Los ciudadanos exigimos mejores instituciones, autoridades honestas y efectivas acciones de gobierno para solucionar todo lo que nos agravia: violencia, inseguridad, impunidad; también desigualdades, discriminación, pobreza. Demandamos ser escuchados. Reclamamos apertura constitucional a cauces más democráticos como el referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, revocación de mandato, candidaturas independientes. Queremos de vuelta el poder, para transformar y mejorar. Tengamos más responsabilidad en nuestras conductas y posiciones sobre los grandes temas nacionales y locales. Informémonos más, razonemos planteamientos sin odios que destruyen, sin chantajes partidistas que dividen y condicionan; expresémonos con sustento de contenido; no seamos manadas ignorantes y enardecidas, sin reflexión, ni cuestionamiento, botín de pseudolíderes que trafican con nuestras debilidades y carencias, con el dolor.

Nuestra participación ciudadana debe tener congruencia, contexto y propuesta viable, real y realizable. Seamos ciudadanos ejemplares, no tiremos la basura donde el vecino. Aprendamos a canalizar la fuerza social y a plantear lo que merecemos y tenemos derecho.  Señalemos el rumbo, el cómo, cuándo y para dónde sin siglas, sin dobleces electoreros, sin venganzas. Convirtámonos en una sociedad civil pensante, vigilante y propositiva; racional, igualitaria, honrada, tolerante.  Construyamos mejores gobiernos y representantes, el entorno que queremos, siendo ciudadanos responsables.

rebecaramosrella@gmail.com

EL DESQUITE

Por Rebeca Ramos Rella

El terrorismo es término acuñado desde la Revolución Francesa, cuando el gobierno jacobino de Robespierre imponía orden, ejecutando y encarcelando a opositores sin respetar normas legales, ni proceso previo.  En su “evolución” y ante falta de consenso para definirlo, acordemos que es el uso sistemático del miedo para coaccionar sociedades y gobiernos, por parte de grupos u organizaciones que llevan su ideología, creencia y consecución de objetivos hasta el extremo de la violencia, destrucción y acción criminal, repetidas,  para acendrar alarma social, confusión, dolor, muerte o lesiones a civiles y personas no combatientes, con fines políticos, de propaganda y amenaza. Atributos que Al Qaeda cumple a la letra como organización terrorista y cuyo líder Osama Bin Laden enarbolaba en su guerra santa declarada contra Estados Unidos, contra Israel, Occidente y monarquías islámicas en el mundo árabe. La condena y el combate al terrorismo y terroristas son irrefutables.

La muerte de Bin Laden a manos de un comando especializado -Las Focas de la Marina- y en opaco operativo, sin embargo, no acaba con la rabia terrorífica y los claroscuros, sospechas, incongruencias de esta acción de guerra en sentido estricto, que no “acto de justicia” -no hubo procesos, leyes, jueces, juicios, sentencias- como lo dijo demagógica, electorera y desatinadamente Obama, al anunciarla al mundo, están paradójicamente, victimizando al verdugo de miles inocentes, al grado de que representantes de la ONU en derechos humanos ya solicitan claridad y detalle del asesinato, para “determinar si hubo respeto a normas internacionales y posibilidad de haberlo capturado vivo”. Hay suspicacias de una “ejecución extrajudicial” –uso mortal de la fuerza como último recurso y para proteger la vida- que se fundan en la declaración de una niña de 12 años que atestiguó cómo apresaron a su padre y cómo lo mataron frente a ella; en la desafortunada revelación de que Osama estaba desarmado; en la ausencia del cadáver y la resistencia a exhibirlo como evidencia; en los disparos, dos en la cabeza y otro en el pecho; en la falta de coherencia para explicar el derribado y quemado helicóptero; en lo absurdo de primero matarlo como presa de caza y luego sepultarlo “apropiadamente” -es sarcástico de Obama, haber observado tal respeto al final-. Los defensores de derechos humanos reconocen la excepcionalidad del caso, pero enfatizan que por regla general los terroristas deben ser detenidos, juzgados y sancionados conforme a la ley y por tribunales. De manera que podemos concluir que con misma práctica sin ley, sin apego a derecho internacional ni a derechos humanos, sucumbió el aterrorizador –quien dicen sus entrevistadores, nunca fue guerrero de batalla,  poseía personalidad calma y espiritual, tan ortodoxo que obligaba a sus hijos a silenciar la televisión si transmitía música; que cubría sus ojos ante una mujer descubierta del velo-.

Obama midió cada acto y no precisamente ostentando el Premio Nobel de la Paz. No haber violado la soberanía aérea y territorial de Pakistán representaba riesgo de aviso y huida y, aplicarle la justicia a Bin Laden, significaba procesión de incómodas revelaciones -pelos y señas- de sus contactos y aliados en Occidente, en EUA y la CIA, en Arabia Saudita. Los líderes árabes podían ignorar a Osama o apoyarlo, pero secretamente lo admiraban pues fue el único que se le enfrentó al Tío Sam, que le cobró su respaldo a Israel que despojó a los palestinos.

Pronostico que difícilmente sabremos la verdad de los hechos. Quizás nuevos datos, conspiraciones, contradicciones, según a la Casa Blanca convenga. De entrada, Obama logró repuntar popularidad y casi garantizarse su reelección. Veremos versiones diversas con el sello de Hollywood y las contrapartes. Es la reacción de la sociedad estadunidense y del orbe en el exceso también, de alegría y celebración, la que somete reflexión –la Canciller alemana Merkel ya fue denunciada por su júbilo “sin estilo y dignidad” por la comunidad religiosa de su país y su partido demócrata cristiano.

Resulta preocupante que, promoviendo el multilateralismo en la comunidad internacional, donde la civilidad y la ley son ingredientes indispensables de la democracia, se festine un acto unilateral sin ley, a cambio de otros ilegales y criminales –ojo por ojo y todos ciegos-; es comprensible el dolor de deudos, pero un Estado democrático no debe infundir odio y venganza social. Tampoco utilizar la barbarie para derrotarla.  Es burla y es cruel, si se siembra el miedo a viajar, a salir, a congregarse en espacios públicos, al mismo tiempo que se refrenda una supuesta seguridad del mundo sin Bin Laden, convertido en mártir de seguidores y fundamentalistas rabiosos contra Washington, gracias a la ilegalidad y desinformación, al cinismo de la reedición de la tortura que Obama concedió, desdiciéndose de su compromiso de gobierno. Las represalias se esperan. También la creación de nuevos enemigos para alimentar cultura y negocio de guerra, el temor y las armas, razón de existencia y superioridad del estadunidense promedio.

La forma de ejecutar a Osama se contrapone al discurso de Obama al mundo árabe y al resto: respeto, ley, libertad, democracia, convivencia armoniosa y tolerancia; les reitera que matar al oponente es política, social y electoralmente adecuado y permisible.  Es la supremacía sin derecho. La licencia para matar. Sin ley, sin ética, sin civilidad, se vale, se festeja el desquite.

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NUEVAS REGLAS DEL PODER

Por Rebeca Ramos Rella

Desde que en el 2000 el PRI perdió la Presidencia de la República, la década de la alternancia no cuajó en mejor democracia; evidenció que padecería empantanada en el juego de vencidas entre el Ejecutivo acotado, el Congreso de mayoría opositora y el desmedido poder del Presidencialismo mexicano autoritario, centralista, unipersonal, metaconstitucional resguardado en los gobiernos estatales. La oposición priista le ha cobrado caro a Calderón, haberlo legitimado y él ha roto pactos al impulsar alianzas PAN-PRD que costaron gubernaturas al PRI. La guerra contra el crimen organizado ha desatado violencia, barbarie, miedo, muerte y dolor, regiones sin ley. Acciones sin estrategias consensuadas; descoordinación entre órdenes de gobierno y corporaciones policiacas y judiciales, para vencer a los enemigos de México. La ausencia del robustecimiento de las instituciones del Estado, el debilitamiento del margen de maniobra del Ejecutivo, la supremacía de intereses electorales y de partido en el Congreso federal, la carencia de liderazgo político que aglutine y convenza, el extravío tribal e intransigente de la izquierda, la división interna de la derecha y jaloneos entre grupos internos priistas, demuestran la agonía del sistema y del régimen políticos que no se han transformado ni actualizado a las realidades democráticas, sociales, económicas de un México que está urgiendo un cambio hace más de 10 años; que clama por nuevas reglas de poder, nuevos mecanismos de diálogo y toma de decisiones, nuevas herramientas para fortalecer la ciudadanía, la democracia desde la pluralidad y el acuerdo.

El PAN en la Presidencia, no modificó lo que criticaba y que lo encumbró –el sexenio foxista ejemplifica- simplemente reprodujo vicios y excesos, formas y estilos. Los panistas han tratado de gobernar con las mismas reglas arcaicas o sin reglas conocidas, que tornan disfuncionales, a sistema y régimen políticos; la polarización política ha menguado los márgenes de gobernabilidad. El país ha vivido semiparalizado, sin acuerdos necesarios y bajo creciente apatía y desconfianza ciudadanas con respecto a políticos, partidos, gobiernos y legisladores. No hemos transitado del hiperpresidencialismo en coma, al presidencialismo efectivo, al equilibrio real entre Poderes del Estado, al federalismo auténtico, para levantar al país de sus rezagos y prioridades.

Desde hace casi tres lustros se han debatido propuestas entre fuerzas políticas, líderes, intelectuales, académicos y especialistas sobre la emergencia de un acuerdo nacional para lograr la Reforma Política o Reforma del Estado que permita realizar una reingeniería constitucional acorde a la pluralidad, transparencia y rendición de cuentas vitales para la buena gobernanza y el avance democrático. Una reforma que brinde sustento y norma al gran acuerdo político para también, afianzar crecimiento y desarrollo económico. Quizá al PRI sólo le interesó resucitar el planteamiento reformador cuando vislumbró posibilidades sólidas de regresar a la Presidencia, frente a la incompetencia gubernamental del PAN y al constante enfrentamiento en el Legislativo. Fue en marzo de 2009 cuando el Senador Manlio Fabio Beltrones presentó su propuesta de “Las Ocho Erres” para retomar el tema; en noviembre Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda en ensayo conjunto, luego libro, “Un futuro para México” abundaron para modernizar al Estado, en iniciativa propositiva a la llamada “Generación del No” a dar el “Sí” a las reformas estructurales. Pulularon foros, análisis, debates que alentaron el “Decálogo” del Presidente Calderón, remitido al Senado el 15 de diciembre de ese año, de manera que los legisladores tardaron dos años en darle curso.

Lo ocurrido en el recién estrenado salón de sesiones del Senado de la República este 27 de abril, es un hecho histórico que hemos de apreciar y conocer con justeza, pues se trata de devolverle poder a los ciudadanos esencialmente; algo que partidos, intereses de grupo y electoreros, nos han regateado por décadas. Veamos lo aprobado: Nos dan derecho a iniciar leyes si son presentadas por al menos el 0.25% de la lista nominal de electores; a la consulta popular para resolver sobre temas importantes: será convocada por el Congreso, aunque el 2% de ciudadanos inscritos en el Padrón electoral podremos solicitarla; será organizada por el IFE y la o las preguntas, revisadas por la Corte; será determinante con el 40% de participantes; podremos ser votados mediante candidaturas independientes a todos los puestos de elección popular federales o locales; en el caso de alcaldías, se deja a consideración de Congresos estatales; por fin podremos calibrar, reprobar o premiar la efectividad de legisladores si es que quieren reelegirse –por dos periodos más, en total 9 años, a diputados y uno más, 12 años, a senadores-.

En lo que se denomina Reconducción presupuestal, el Presidente podrá vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero la Cámara podrá rechazarlo; si no se aprobara ni el PEF o la Ley de Ingresos, entrarán en vigor los del año inmediato anterior. También se da oportunidad a la entrada de dos iniciativas del Ejecutivo, de trámite preferente, es decir, de obligada discusión y resolución del Congreso. Si hubiera ausencia del Presidente –mecanismo innovador que no estaba previsto en la Constitución- será sustituido por el secretario de Gobernación y a falta de éste, por el de Hacienda y Crédito Público y si no, por el de Relaciones Exteriores. En caso de que el Presidente no pudiera tomar protesta ante el Congreso, podrá hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra novedad es que el Senado ratificará nombramientos presidenciales de integrantes de órganos de regulación en competencia económica, energía y telecomunicaciones y de embajadores, coroneles y jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

En la revisión, este conjunto de modificaciones significan avances, pero quedan pendientes otras propuestas del PAN, PRI y PRD, igualmente sustanciales que urgen. Excluyeron instaurar la equidad de género en la representación política; la reducción del número de diputados y senadores; la segunda vuelta presidencial; aumento del porcentaje mínimo para que un partido conserve el registro; la supresión de la cláusula de sobrerrepresentación, para construir mayorías y evitar entumecimiento legislativo –el partido con 41% de votos lograría mayoría absoluta de curules-; la revocación de mandato y la moción de censura al gabinete; la ratificación del gabinete por el Senado; el impulso al Plebiscito y al Referéndum; el fomento al trabajo en Comisiones legislativas; revisión del formato del Informe presidencial y mecanismos de control parlamentario; autonomía del Ministerio público; modificación del Juicio político y Fuero constitucional; instaurar el estado de emergencia ¿Cuántos años más para asentarlas?

La posible que no la mejor, reforma política encaminada a entrar en vigor para el proceso electoral del 2012, llegó a la Cámara de Diputados, donde debió debatirse en periodo extraordinario, se estrelló en muralla. Cínicamente los diputados la congelan para “revisarla con detenimiento” dicen priistas. Una vez más y para variar, atascados en letanía de postergaciones por intereses electoreros y facciosos, los ciudadanos tendremos que seguir esperando.

La lectura simple de este retén es la competencia pre-presidencial Beltrones vs Peña; la obvia es falta de consensos internos en el PRI; la irremediable es que no terminamos de dar el salto como país hacia la modernización política que requiere, nos quedamos cortos y medianos; la rescatable es que habrá reglas nuevas para el ejercicio del poder, donde los ciudadanos haremos valer además del voto y nuestra voz, nuestra capacidad de organización y participación. Así que, preparémonos.

rebecaramosrella@gmail.com